Derecho Administrativo y Contratación Pública
Las relaciones con el Estado dominicano requieren un conocimiento profundo del derecho administrativo, la normativa de contrataciones públicas y los procedimientos ante múltiples organismos gubernamentales y municipales. En JR Almánzar asesoramos a empresas privadas en licitaciones, concesiones, contratos administrativos, gestión de permisos y habilitaciones, y defensa ante fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios, asegurando cumplimiento normativo, transparencia y protección eficaz de los intereses empresariales.
"Convertimos la complejidad regulatoria en oportunidades de negocio."
150+
Tipos de asuntos
80+
Perfil de clientes
25+
Ventajas
Servicios incluidos
Cómo podemos ayudarle
Licitaciones y Concesiones
Asesoramos en todas las etapas del proceso de contratación pública: preparación de propuestas, cumplimiento de requisitos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, impugnaciones y recursos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Contratos Administrativos
Estructuramos, negociamos y revisamos contratos con el Estado dominicano, incluyendo contratos de obra pública, servicios, suministro y concesiones. Representamos a nuestros clientes en fiscalizaciones y auditorías gubernamentales.
Recursos y Contencioso Administrativo
Interponemos recursos administrativos jerárquicos, reconsideraciones y acciones ante el Tribunal Superior Administrativo en defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes frente a decisiones de la administración pública.
Permisos y Regulación Sectorial
Gestionamos permisos ambientales, sanitarios, de uso de suelo y habilitaciones sectoriales ante ayuntamientos, ministerios y organismos reguladores. Asesoramos en regulación de telecomunicaciones, energía y servicios financieros.
¿A quién asesoramos?
Representamos a empresas privadas que interactúan con el Estado dominicano, ya sea como contratistas, concesionarios, operadores regulados o solicitantes de permisos y habilitaciones.
Contratistas del Estado
Empresas que participan en licitaciones públicas y ejecutan contratos de obra, servicios o suministro para entidades gubernamentales.
Desarrolladores con permisos municipales
Promotores inmobiliarios y constructores que requieren permisos de uso de suelo, medio ambiente y habilitaciones municipales.
Operadores regulados
Empresas en sectores regulados (telecomunicaciones, energía, financiero) que deben cumplir con normativa sectorial específica.
Empresas bajo fiscalización
Organizaciones que enfrentan auditorías, investigaciones o procedimientos sancionatorios por parte de entidades públicas.
Nuestro proceso de trabajo
Análisis normativo
Identificamos el marco legal aplicable, requisitos regulatorios y autoridades competentes para cada gestión.
Preparación de documentación
Elaboramos expedientes completos con toda la documentación técnica, legal y financiera requerida por cada entidad.
Gestión ante entidades
Presentamos solicitudes, atendemos requerimientos y realizamos seguimiento activo ante cada organismo gubernamental.
Resolución de objeciones
Respondemos observaciones, subsanamos objeciones y negociamos condiciones cuando es necesario.
Recursos y apelaciones
En caso de decisiones adversas, interponemos los recursos administrativos y judiciales correspondientes.